- Se procurará organizar y fomentar las investigaciones
necesarias como base para la planificación y una formulación de políticas que sean
efectivas.
- Se procurará revisar y evaluar periódicamente las
tendencias, los problemas y las causas de la delincuencia y la criminalidad de menores,
así como las diversas necesidades particulares del menor en custodia.
- Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo
de evaluación e investigación en el sistema de administración de justicia de menores y
recopilar y analizar los datos y la información pertinentes con miras a la debida
evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema.
- La prestación de servicios en la administración de
justicia de menores se preparará y ejecutará de modo sistemático como parte integrante
de los esfuerzos de desarrollo nacional.
Comentario
La utilización de la investigación como base de una
política racional de justicia de menores, se ha reconocido ampliamente que constituye un
importante mecanismo para lograr que las medidas prácticas tengan en cuenta la evolución
y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de menores. En la esfera de la
delincuencia de menores es especialmente importante la influencia recíproca entre la
investigación y las políticas. Debido a los cambios rápidos y a menudo espectaculares
del estilo de vida de la juventud y de las formas y dimensiones de la criminalidad de
menores, la respuesta de la sociedad y la justicia a la criminalidad y a la delincuencia
de menores pronto quedan anticuadas e inadecuadas.
Por consiguiente, la regla 30 establece criterios para
integrar la investigación en el proceso de formulación y aplicación de políticas en la
administración de justicia de menores. La regla subraya en particular la necesidad de una
revisión y evaluación regulares de los actuales programas y medidas de una
planificación en el contexto más amplio de los objetivos globales de desarrollo.
La evaluación constante de las necesidades del menor, así
como de las tendencias y problemas de la delincuencia, es un requisito previo para
perfeccionar los métodos de formulación de políticas adecuadas y establecer
intervenciones apropiadas estructuradas y no estructuradas. En este contexto, la
investigación por personas y órganos independientes debería recibir el respaldo de
agencias competentes, y para ello podrá ser útil recabar y tener en cuenta las opiniones
del propio menor, no sólo de aquellos que están en contacto con el sistema.
El proceso de planificación debe subrayar, en particular,
un sistema más eficaz y equitativo de suministro de los servicios necesarios. Para ello
debería efectuarse una evaluación detallada y regular de la amplia gama de necesidades y
problemas particulares del menor y una determinación precisa de las prioridades. A este
respecto, debería también coordinarse el empleo de los recursos existentes, en
particular las medidas sustitutorias y el apoyo de la comunidad que servirían para
elaborar determinados procedimientos encaminados a aplicar los programas establecidos.
(Primera parte)
(Segunda parte) (Tercera parte)
(Cuarta parte) (Quinta parte)
(Sexta parte)