CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL BOLIVIA


PREAMBULO

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

PARTE PRIMERA LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO

TÍTULO PRIMERO DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

TÍTULO SEGUNDO GARANTÍAS DE LA PERSONA

TÍTULO TERCERO NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

CAPÍTULO I Nacionalidad

CAPÍTULO II Ciudadanía

TÍTULO CUARTO FUNCIONARIOS PÚBLICOS

PARTE SEGUNDA EL ESTADO BOLIVIANO

TÍTULO PRIMERO PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO II Cámara de Diputados

CAPÍTULO III Cámara de Senadores

CAPÍTULO IV El Congreso

CAPÍTULO V Procedimiento legislativo

CAPÍTULO VI Comisión del Congreso

TÍTULO SEGUNDO PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I Presidente de la República

CAPÍTULO II Ministros de Estado

CAPÍTULO III Régimen interior

CAPÍTULO IV Conservación del orden público

TÍTULO TERCERO PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO II Corte Suprema de Justicia

CAPÍTULO III Ministerio Público

PARTE TERCERA REGÍMENES ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO II Bienes nacionales

CAPÍTULO III Política económica del Estado

CAPÍTULO IV Rentas y presupuestos

CAPÍTULO V Contraloría general

TÍTULO SEGUNDO RÉGIMEN SOCIAL

TÍTULO TERCERO RÉGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO

TÍTULO CUARTO RÉGIMEN CULTURAL

TÍTULO QUINTO RÉGIMEN FAMILIAR

TÍTULO SEXTO RÉGIMEN MUNICIPAL

TÍTULO SÉPTIMO RÉGIMEN DE LAS FUERZAS ARMADAS

TÍTULO OCTAVO RÉGIMEN DE LA POLICÍA NACIONAL

TÍTULO NOVENO RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO I El sufragio

CAPÍTULO II Los partidos políticos

CAPÍTULO III Los órganos electorales

PARTE CUARTA PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRIMERO PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO SEGUNDO REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Preámbulo

GENERAL DE FUERZA RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO Sancionada por la H. AsambleaConstituyente 1966-1967. Promulgada el 2 de febrero de 1967.

Presidente Constitucional de la República POR CUANTO: La Honorable Asamblea Constituyente ha sancionado y proclamado lo siguiente:

Artículo 1º. Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.

Artículo 2º. La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.

Artículo 3º. El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede.

Artículo 4º. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por la ley.

Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición.

PARTE PRIMERA LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO

Artículo 5º. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. Los servicios personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes.

Artículo 6º. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, reli-gión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera.

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

Artículo 7º. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

a) a la vida, la salud y la seguridad; b) a emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión; c) a reunirse y asociarse para fines lícitos; d) a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo; e) a recibir instrucción y adquirir cultura; f) a enseñar bajo la vigilancia del Estado; g) a ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional; h) a formular peticiones individual y colectivamente; i) a la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una función social; j) a una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano; k) a la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.

Artículo 8º. Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:

a) de acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República; b) de trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles; c) de adquirir instrucción por lo menos primaria; d) de contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de los servicios públicos; e) de asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como de proteger y socorrer a sus padres cuando se hallen en situación de enfermedad, miseria o desamparo; f) de prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y conservación; g) de cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la seguridad sociales; h) de resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.

Artículo 9º. Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.

La incomunicación no podrá imponerse sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo por más de 24 horas.

Artículo 10. Todo delincuente in fraganti, puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquier persona, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez competente, quien deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de 24 horas.

Artículo 11. Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados, cuando más dentro de las 24 horas, al juez competente.

Artículo 12. Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren.

Artículo 13. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.

Artículo 14. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al cómputo civil.

Artículo 15. Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hagan ejecutar, así como los que clausuren imprentas y otros medios de expresión del pensamiento e incurran en depredaciones u otro género de abusos están sujetos al pago de una indemnización de daños y perjuicios, siempre que se compruebe, dentro de juicio civil que podrá seguirse independientemente de la acción penal que corresponda, que tales medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y garantías que establece esta Constitución.

Artículo 16. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.

El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.

Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a ser asistidos por un defensor.

Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado.

Artículo 17. No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de asesinato, parricidio o traición a la Patria, se aplicará la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto. Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera.

Artículo 18. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquélla cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.

En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

Si el demandado después de asistir a la audiencia abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia se llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos en este artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del habeas corpus, ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a la sanción del artículo 127, inciso 12, de esta Constitución.

Artículo 19. Fuera del recurso de habeas corpus, a que se refiere el artículo anterior, se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir los derechos y garantías de la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes.

El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente, ante las Cortes Superiores en las capitales de Departamento y ante los Jueces de Partido en las provincias, tramitándose en forma sumarísima. El Ministerio Público podrá también interponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada.

La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas.

La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de recibida la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de oficio su resolución ante la Corte Suprema de Justicia para su revisión, en el plazo de 24 horas.

Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda el amparo serán ejecutados inmediatamente y sin observación aplicándose en caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 20. Son inviolables la correspondencia y los papeles privados los cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos que fueren violados o sustraídos.

Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.

Artículo 21. Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti.

Artículo 22. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.

La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa.

Artículo 23. Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político.

Artículo 24. Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.

Artículo 25. Dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.

Artículo 26. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos ante la Corte Suprema de Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.

Artículo 27. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los casos.

Artículo 28. Los bienes de la Iglesia, de las órdenes y congregaciones religiosas y de las instituciones que ejercen labor educativa, de asistencia y de beneficencia, gozan de los mismos derechos y garantías que los pertenecientes a los particulares.

Artículo 29. Sólo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar los Códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre procedimientos judiciales.

Artículo 30. Los poderes públicos no podrán delegar facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.

Artículo 31. Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Artículo 32. Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíban.

Artículo 33. La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.

Artículo 34. Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.

Artículo 35. Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

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