3. A modo de conclusión: lecciones aprendidas e interrogantes
abiertos
El desempleo juvenil es, y será durante las próximas décadas, uno
de los retos más importantes del desarrollo social latinoamericano,
si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de la población de la
región tiene hoy menos de 24 años, y esta proporción no descenderá
significativamente hasta la tercera década del siglo veintiuno.
Más grave aún, si las actuales tasas de desempleo y de empleo informal
en este segmento poblacional son ya muy altas, la perspectiva tendencial
es más crítica, puesto que recibe el doble impulso de dos fuerzas
estructurales que se alimentan mutuamente en una perversa dinámica
circular: una, la herencia negativa del proceso de desarrollo latinoamericano
durante las décadas pasadas, expresada en altos índices de pobreza,
en una muy desigual distribución del ingreso y en una extrema desigualdad
en el acceso a la educación; dos, la de los procesos de reestructuración
productiva que hoy vive la región, con sus fenómenos asociados de
desaparición de empleos y de elevación de los niveles de competencias
laborales exigidos a los oferentes en el mercado de trabajo.
Estas tendencias de exclusión superpuestas afectan especialmente
a los jóvenes provenientes de sectores de pobreza, cuyas probabilidades
de obtener un empleo formal o de generar una actividad de autoempleo
productivo son cada vez más reducidas, con lo que nos enfrentamos
a un panorama de más aguda segmentación social, con graves implicaciones
en el ámbito sociopolítico y por ende en la sostenibilidad del desarrollo.
Independientemente del mayor o menor éxito que se obtenga en el
diseño e implementación de políticas macroeconómicas, de desarrollo
sectorial y de empleo, y aún teniendo bien entendido que es en este
ámbito en el que se juegan las posibilidades de generar procesos de
crecimiento menos avaros en la generación de empleo, subsiste el hecho
de que la educación general y la formación para el trabajo son estrategias
fundamentales, en su doble carácter de acción compensatoria para mejorar
la empleabilidad de la población hoy excluida, y de instrumentos de
creación del capital humano indispensable en cualquier esquema de
desarrollo contemporáneo.
El problema del desempleo juvenil, además de sus retos intrínsecos
en términos de políticas públicas de empleo, ha desnudado debilidades
fundamentales en los sistemas educativos y de capacitación laboral
de la región. Específicamente las instituciones del modelo IFP latinoamericano,
que tan exitosamente contribuyeron a las demandas sociales y económicas
del modelo de sustitución de importaciones, se han mostrado incapaces
de responder con la agilidad, flexibilidad y pertinencia necesarias
para generar el tipo de competencias laborales requeridos hoy por
los mercados de trabajo.
Ante esta realidad, en la región han surgido importantes iniciativas
dirigidas a explorar enfoques radicalmente diferentes en la estructuración
de los sistemas de formación y capacitación laboral. Sus características
comunes son: a) la orientación desde la demanda; b) el uso de incentivos
económicos para generar mercados de competencias laborales a los que
concurran múltiples oferentes privados que eventualmente lleguen a
sustituir a las actuales organizaciones centralizadas, complejas y
burocráticas; y c) la separación entre el financiamiento y la ejecución
como funciones públicas.
Los programas de capacitación laboral de jóvenes del modelo "Chile
Joven", que además de las características anteriores presentan
la adicional de ser acciones focalizadas sobre grupos de población
específicos -dentro de políticas compensatorias de los impactos sociales
del cambio en el modelo de desarrollo- se han convertido en uno de
los más importantes campos de aplicación experimental de este tipo
de políticas. No es accidental que el modelo haya sido desarrollado
inicialmente en Chile, donde previamente se había realizado la tarea
de "demolición" del sistema tradicional, encarnado en la
institución de Formación Profesional nacional, el INACAP, y en donde
se implantó el sistema de la franquicia tributaria como mecanismo
de financiamiento público que entrega a los demandantes (en este caso
a las empresas demandantes) la capacidad de decidir en donde adquirir
los servicios de capacitación requeridos, con lo que se había avanzado
en la creación del mercado de competencias laborales que es un supuesto
fundamental del modelo.
También es significativo que los primeros países de expansión del
modelo: Argentina y Uruguay, sean precisamente aquellos en donde no
existían IFP del modelo SENAI, SENA, INA, etc., que en otros países
continúan siendo los referentes "naturales" para operar
programas públicos de capacitación laboral, incluso aquellos dirigidos
a poblaciones por fuera del mercado de trabajo formal. Ciertamente,
en estos países existen subsistemas de formación técnica dentro de
los sistemas educativos formales, pero ellos sufren como sus
congéneres en los demás países de la región de cierta debilidad
institucional, que les limita su capacidad de negociación ante propuestas
que, como las del modelo "Chile Joven", cuentan con un fuerte
respaldo en las corrientes de políticas públicas en boga actualmente
en la región.
Lo anterior llama una vez más la atención sobre el papel básico
que han cumplido los programas del modelo "Chile Joven",
que si bien se justifican fundamentalmente como acciones socialmente
compensatorias, se han convertido en laboratorios de experimentación
de nuevas políticas y modelos institucionales en el terreno de la
formación y la capacitación para el trabajo.
Por eso, vale la pena diferenciar dos grandes grupos de conclusiones
e interrogantes: a) aquellas que tienen que ver con el comportamiento
de los programas en relación a su objetivo específico: la empleabilidad
y/o la inserción laboral de los jóvenes que son su población objetivo,
y b) su impacto sobre las políticas y estructuras institucionales
de la formación y capacitación laboral.
Sobre los resultados de los programas
El dilema en el objetivo: empleabilidad o inserción. Esta interrogante
guía, en cierta medida, diferentes énfasis en la estructuración de
los servicios que prestan los programas, los que pueden ser interpretados
de acuerdo a la prioridad asignada a los impactos formativos o de
generación de redes sociales que vinculen a los jóvenes con el mercado
laboral. A riesgo de simplificar excesivamente, podría contrastarse
el peso otorgado al involucramiento de las empresas en la definición
de la oferta (consustancial a la lógica del modelo), con el interés
por fortalecer los contenidos de competencias básicas en los cursos.
Sea a través de la incorporación de acciones de fortalecimiento
de la oferta, o por la vía de ajustes en la operativa de los programas
que lo promuevan, en todos los casos surge la inquietud por atender
esta dimensión de impacto prolongado que significa la adquisición
de competencias básicas por parte de los beneficiarios. Si bien
la experiencia ha mostrado la complementariedad de estas opciones,
a la luz de la valoración que el mercado laboral muestra por los
aspectos actitudinales de los trabajadores así como de la importancia
de esas competencias en lo que hace a la capacidad de adaptación
a los cambios, la perspectiva que se adopte puede sugerir distintos
caminos. Estos estarán fuertemente influidos por las respectivas
realidades nacionales en el campo de la oferta formativa, y en particular,
por su configuración institucional.
La focalización de los programas analizados resulta mejor que la
de los tradicionales, pero aun se tiende a quedar en las capas "intermedias",
por efecto de los mismos mecanismos de mercado. Nuevamente aquí nos
enfrentamos a distintas opciones. La respuesta que se asuma condicionará
de modo diferente los logros en las dimensiones de equidad y de eficiencia
en el logro de resultados. Los impactos de los programas asocian de
un modo inverso los logros de inserción laboral con el grado de vulnerabilidad
de los beneficiarios.
Otra manera de plantear el tema anterior, es el dilema: impacto
de integración social versus eficacia de inserción laboral inmediata,
que expresa otro dilema subyacente: calidad formativa versus eficiencia
en la inversión . Si bien aun no se cuenta con estudios de seguimiento
de largo plazo que arrojen datos confiables sobre las trayectorias
ocupacionales y sociales de egresados de los programas modelo "Chile
Joven" con relación a otros miembros de su grupo social, la cuestión
es legítima.
Otro aspecto que resulta de interés es el referido a la integralidad:
¿basta sólo con la capacitación ocupacional? La diversificación de
ofertas que buscan dar cuenta de la heterogeneidad en cuanto a déficit
de la población objetivo muestra la importancia de la cuestión. Ante
esto, resulta necesario profundizar los conocimientos que permitan
responder una interrogante básica: ¿es posible formar en habilidades
básicas y transversales dentro de los tiempos y costos inherentes
a este modelo? Más aún: ¿cuentan los ejecutores privados (con excepción
de algunas ONG) con la cultura y el compromiso educativo necesario?
Sobre el impacto institucional de los programas
En cualquier caso, la respuesta a las preguntas sobre cobertura e impacto
lleva a la cuestión institucional: El reconocimiento de la heterogeneidad
de la población objetivo, asumida en los propios diseños de Projoven
(Uruguay) y Chile Joven, sumado al fenómeno de "flujo y stock"
ha conducido de hecho a desarrollar ofertas de diversa composición.
De modo consecuente con esta evolución, cabría esperar búsquedas de
articulación con el sistema educativo formal, delineando un sistema
integrado de educación-formación para el trabajo- capacitación continuada.
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