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Fecha de actualización:
15/10/2008

 

Seminario Interamericano Tripartito sobre Formación Profesional,
Productividad y Trabajo Decente
Rio de Janeiro, Brasil, 15 – 17 Mayo, 2002

 

Segunda afirmación: Los procesos de certificación favorecen la exclusión social

 

Se ha creído que el acceso al certificado diferenciará a poseedores de no poseedores. Sin embargo, poner en marcha procesos de certificación ha mostrado, con el tiempo, que facilita el acceso a más trabajadores para mejores niveles de empleo; incide en una mejor organización de las diferentes ofertas de formación; origina un incremento en la pertinencia y facilita la identificación de las áreas en que puede ser más efectiva la capacitación.

El certificado actúa como una señal de valor para su poseedor y para la sociedad. Son muchas las evidencias en América Latina sobre como el desempleo es mayor entre quienes tienen menos años de educación certificados o quienes no tienen una formación específica (y por ende no tienen un certificado) (8).

En su concepción tradicional el certificado representaba una señal de "participación" en un programa. Desde ahí se está evolucionando a un certificado que representa un "reconocimiento" de capacidades. Mientras más sean reconocidas estas capacidades, mayor será su posibilidad de valoración y mejores las probabilidades de participar en el mercado de trabajo.

Los certificados han sido tradicionalmente un buen indicador para empleadores y empleados en relación a sus posibilidades de llegar a un contrato laboral. El problema no parece ser el certificado sino su accesibilidad.

Todavía son fuertes los nexos entre el diploma, la institución que lo expidió y el "status" de su poseedor. En este sentido un efecto incluyente se puede provocar abriendo más oportunidades para demostrar las competencias poseídas. Los mecanismos de certificación deben ser abiertos y accesibles, de este modo el proceso de certificación deja de considerarse un "filtro" para convertirse en un "medio de promoción".

Se ha entendido también que los procesos de certificación cubrirán solamente el ámbito de la formalidad económica. El tamaño de la economía informal en América Latina y el hecho de que más del 40% de los nuevos empleos se generan en lo que convencionalmente los estudios económicos llaman sector informal ha originado argumentos sobre la exclusión de los trabajadores informales de los beneficios de la certificación.

Sin embargo, nada impide que los mecanismos de certificación incluyan a los trabajadores de menores niveles educativos y a los empleados en actividades de baja calificación. Al contrario, cada vez más, el sector informal se integra por la vía de la subcontratación con empresas formales, cada vez más su inserción en la economía hace que deba mejorar sus niveles de competitividad y de calidad. En varios países de la Unión Europea los programas de certificación favorecen la inclusión de trabajadores de bajas calificaciones como medio de incorporarlos en un ciclo formativo.

Si bien es cierto que no todo el sector informal tiene estas oportunidades, también lo es que el formar con buenos programas y abrir el acceso a más trabajadores a las oportunidades de la evaluación de competencias no contradice el fondo de los modelos de formación-certificación, ni el reconocimiento de competencias.

La desconexión de los sectores informales no es un problema agravado por los sistemas de certificación. Por el contrario, se puede hacer más inclusivo y más efectivo un programa de formación para la informalidad que, a cambio de paliativos de corto plazo, otorgue una credencial valorada y explicativa sobre las capacidades laborales desarrolladas y poseídas. El papel del Estado es fundamental en esta aproximación, generando los marcos nacionales que permitan establecer, para los trabajadores, una perspectiva de formación a lo largo de la vida.

En este contexto un certificado de competencia laboral, valorado y reconocido es una buena vía de acceso para mejores oportunidades de trabajo, justo en la línea de ampliar las posibilidades de acceder a un trabajo decente.

Una forma más expedita para demitificar la dualidad sectorial como pretendida falencia de la certificación, es la de identificar las capacidades que normalmente se incluyen en los contenidos evaluados y certificados, como son:

  • Las competencias derivadas del conocimiento básico (lectura, escritura, operación matemática, química, física, etc)
  • Las competencias de carácter técnico que se aplican en el ejercicio del trabajo e implican la utilización de herramientas, equipos, participación en procesos de transformación, etc.
  • Las competencias de tipo social que definen habilidades para el relacionamiento, trabajo en equipo, cooperación, etc.

En esta óptica los trabajos del sector informal, analizados bajo la perspectiva de la competencia, no se escapan de aplicar combinaciones de los tres tipos anotados. Su mayor o menor desarrollo definirá en buena medida el éxito de cualquier emprendimiento. Así, el modelo de certificación se convierte en un buen referente para el impulso a la creación de trabajos decentes, el ejercicio de mejores prácticas laborales y tecnológicas en las pequeñas y medianas empresas típicas de la informalidad, a la vez que posibilita que sus trabajadores transiten más fácilmente hacia empleos en otros sectores de mayor estructuración económica.

Un punto que no debe olvidarse es el que refiere a considerar las diferencias en las capacidades, para ingresar y moverse dentro del sistema, de un trabajador con, por ejemplo, educación básica completa frente a otro con solo dos o tres años de educación. En estos casos los sistemas formativos deben desarrollar mecanismos de orientación que permitan a los participantes "descifrar" las claves de navegación en el sistema e incorporarse en el. Esto incluiría también la posibilidad de cubrir, para quienes lo precisen, los costos asociados a las pruebas y certificados en caso de que existan.

Un reciente estudio en el sistema de certificación del Reino Unido ha recomendado que las normas de competencia y el certificado en si mismo se acerquen a la consideración de un "bien público" como tal debería suprimirse el valor que se paga por certificado (unas $10 libras esterlinas) evolucionando hacia un sistema basado en contribuciones directamente obtenidas del gobierno.(9)

El punto más sensible a las facilidades de acceso es el financiamiento del proceso de certificación para el candidato. Un esquema de financiamiento no bien diseñado podría favorecer a algunos sobre otros. En este tema tienen cabida todas las posibilidades de poner en marcha políticas activas de empleo y facilitar el acceso a quienes no estén en condiciones de pagar el certificado.

8. En todo caso, si existe un efecto según el cual, quienes poseen una credencial adquieren mayores ventajas respecto de quienes no la poseen; incluso en igualdad de condiciones de experiencia y competencia. Es el llamado "efecto credencial"
9. Report of the independent review of the UK national occupational standards programme. QCA. London. September. 2001.

Tercera afirmación: En un sistema de certificación se deben separar las instituciones que forman, las que evalúan y las que certifican

 

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