En la economía globalizada de hoy en día, es cada vez más frecuente que los trabajadores y las trabajadoras emigren de su país buscando oportunidades de empleo, trabajo decente y mejores medios de vida. La búsqueda de trabajo digno también empuja a millones de trabajadores a desplazarse internamente. Cuando están debidamente reguladas, las agencias de empleo públicas y privadas desempeñan un importante papel en el funcionamiento racional y equitativo de los mercados de trabajo, pues equiparan la oferta de empleo con trabajadores dotados de las calificaciones adecuadas.

Sin embargo, se ha observado con inquietud la creciente actuación de agencias de empleo inescrupulosas, de intermediarios laborales y de otros operadores que actúan fuera del marco legal y normativo, cuyas “presas” más usuales son los trabajadores con bajo nivel de calificación. Se ha dado cuenta de una o más prácticas abusivas del tipo siguiente: naturaleza del trabajo y condiciones de empleo decepcionantes; retención del pasaporte; deducciones salariales ilícitas; servidumbre por deudas para devolver los costes derivados de la contratación; amenazas a los trabajadores que desean abandonar al empleador, con el consiguiente temor a la ulterior expulsión. Una combinación de estas prácticas abusivas puede equivaler a trata de seres humanos y/o trabajo forzoso. Pese a la existencia de normas internacionales del trabajo relativas a la contratación, las leyes nacionales y los mecanismos para hacerlas cumplir no suelen bastar para proteger los derechos de los trabajadores, en particular, los de los migrantes.

• Download the brochure on the Fair recruitment initiative
• Preventing and responding to abusive and fraudulent labour recruitment: A call for action

Iniciativa para la equidad en la contratación

En esta Memoria sometida a consideración de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2014, el Director General, indicó la necesidad de dotarse de un programa para una migración laboral equitativa, y subrayó la creciente preocupación internacional acerca de las prácticas de contratación abusivas y fraudulentas que afectan en particular a los trabajadores migrantes.

Para responder a esos problemas, la OIT puso en marcha la “Iniciativa para la equidad en la contratación”, encaminada a:

• Ayudar a prevenir la trata de seres humanos y el trabajo forzoso.
• Proteger los derechos de los trabajadores, en particular, los de los trabajadores migrantes, contra las prácticas abusivas y fraudulentas durante el proceso de contratación (entre otros derechos, la preselección, la selección, el transporte, la colocación y la posibilidad de retorno).
• Reducir el costo de la migración laboral, y mejorar los resultados en materia de desarrollo para los trabajadores migrantes y sus familias y para los países de origen y de destino.

Esta iniciativa plural se ejecuta en estrecha colaboración con los gobiernos, las organizaciones representantes de los empleadores y de los trabajadores, el sector privado, y otros asociados fundamentales. Se basa en una estrategia de cuatro componentes, cuyo eje es el diálogo social. La iniciativa para la equidad en la contratación se centrará en:

1. Enriquecer el acervo mundial de conocimientos sobre las prácticas nacionales e internacionales de contratación.
   
2. Reforzar las leyes, las políticas y los mecanismos de control de la aplicación, para fomentar prácticas de contratación éticas.
   
3. Promover normas y prácticas empresariales justas.
   
4. Dar autonomía y protección a los trabajadores y las trabajadoras.

Asociados

Los interlocutores sociales de la OIT y sus afiliados desempeñan una función esencial en el diseño y la ejecución de esta Iniciativa; entre otros, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y sus afiliados, y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y sus afiliados, en particular, la Confederación Internacional de Agencias de Empleo Privadas (por sus siglas en inglés, CIETT).

La Iniciativa para la equidad en la contratación se gestiona en estrecha coordinación con el Grupo Mundial sobre Migración (GMM) y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas, en particular, con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Banco Mundial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Actualmente, la Iniciativa está financiada por el Gobierno del Reino Unido (Departamento de Desarrollo Internacional), el Gobierno de los Estados Unidos de América (Departamento de Estado y Departamento de Trabajo) y el Gobierno del Canadá (Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá).