La Agenda 2030 de desarrollo sostenible nos compromete a “no dejar a nadie atrás” y el objetivo de Trabajo Decente para todos de la Organización Internacional del Trabajo comparte el mismo principio.

Hoy en día, nos encontramos en un punto crucial de la historia para hacer que esto sea realidad. Interpreto los últimos acontecimientos políticos a nivel internacional como una rebelión de los desposeídos, de las personas (trabajadores) que sienten que no se han beneficiado de la globalización. Cada generación sueña y espera que estará en una situación mejor que la anterior, tanto de forma profesional como de la sociedad en su conjunto. Para muchos, este sueño se ha invertido.

Pienso que la frustración y desilusión de las personas se debe, en gran parte, a la experiencia laboral de las mismas ya sea por estar excluidas del mercado de trabajo o ser integradas en condiciones laborales que se consideran inaceptables.

La sociedad en la que actualmente vivimos está distribuyendo los beneficios de la globalización y, específicamente, de las ganancias derivadas de los procesos económicos de manera extremadamente injusta. Es un hecho bien documentado que, desde los años 1980 y 1990 la desigualdad de los ingresos se ha incrementado en numerosos países del mundo.

El Informe Mundial sobre Salarios de la OIT, Desigualdades salariales en el lugar de trabajo, publicado el mes pasado, constata que en la mayoría de los países los salarios suben paulatinamente en casi toda la distribución salarial, pero al llegar al 10 por ciento superior se registra un aumento drástico, aún más para el uno por ciento de los empleados mejor remunerados.

En Europa, el 10 por ciento de los empleados mejor remunerados percibe en promedio 25,5 por ciento de los salarios pagados a todos los empleados en sus respectivos países, lo cual es casi lo mismo que recibe el 50 por ciento peor remunerado (29,1 por ciento). La proporción del salario que recibe el 10 por ciento superior es aún más elevada en algunas economías emergentes; por ejemplo, en Brasil (35 por ciento), India (42,7 por ciento) y Sudáfrica (49,2 por ciento). En Europa, el 10 por ciento superior percibe alrededor de 90 euros por hora, lo cual es ocho veces más que lo que ganan los asalariados de ingresos medios y, 22 veces más del salario promedio del 10 por ciento inferior.

En general, el crecimiento del salario en todo el mundo ha experimentado una desaceleración desde el año 2012, pasando de 2,5 por ciento a 1,7 por ciento en 2015, su nivel más bajo en cuatro años. Si China, donde los salarios crecieron a un ritmo más acelerado que en ninguna otra parte, no estuviese incluida, el crecimiento real del salario mundial se reduciría, de 1,6 por ciento a 0,9 por ciento.

Enfrentamos además el doble desafío de reparar los daños causados por la crisis mundial económica y social y de crear empleos de calidad para las decenas de millones de personas que cada año se incorporan al mercado laboral.

El crecimiento económico sigue defraudando y es inferior al esperado, tanto en su nivel como en su grado de inclusión. Esto crea un cuadro inquietante para la economía mundial y su capacidad de crear empleos suficientes, menos aún empleos de calidad. La persistencia de un alto nivel de formas de empleo que son vulnerables, asociadas a una evidente falta de progresos en la calidad de los empleos – incluso en los países donde las cifras agregadas están mejorando – es alarmante. Debemos garantizar que las ganancias del crecimiento sean compartidas de manera inclusiva.

En 2017, el número de personas desempleadas a nivel mundial se estima en poco más de 201 millones – con un aumento previsto adicional de 2,7 millones en 2018 – ya que el ritmo del crecimiento de la fuerza de trabajo supera el de la creación de empleos, según las previsiones del Informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias de la OIT.

Necesitamos un crecimiento que sea sostenible y rico en empleos. Este tipo de crecimiento puede ser duradero sólo si se basa en los fundamentos de instituciones del mercado laboral sólidas y pertinentes, las cuales a su vez, se basan en principios y derechos aceptados a nivel internacional que respalden el empleo de mejor calidad.

Los salarios mínimos y la negociación colectiva pueden desempeñar un papel importante en este contexto. Una de las tendencias más notables de los últimos años es el hecho que para contrarrestar las crecientes desigualdades, numerosos países han adoptado o fortalecido el salario mínimo. Recientemente, diversos países decidieron incrementarlo, entre ellos México, mientras que otros, como Sudáfrica, están considerando introducir el salario mínimo nacional.

Evidencias recientes, incluso de la Comisión del salario mínimo de Alemania, muestran que los salarios mínimos bien planificados – fijados a niveles que tomen en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias y los factores económicos – pueden tener un impacto real en el extremo inferior de la distribución de los ingresos.

El acceso a oportunidades de trabajo decente para todos es la manera más efectiva de incrementar la participación, sacar a las personas de la pobreza, reducir las desigualdades e impulsar el crecimiento económico. También son necesarios sistemas de apoyo a fin de garantizar que nadie sea dejado atrás.

Es por este motivo que la OIT y el Banco Mundial lanzaron la Alianza mundial para la protección social universal. Su objetivo es ayudar a los países a llegar a todos los grupos pobres y vulnerables a través de medidas que garanticen una seguridad del ingreso y apoyo cuando los necesitan. Esto supone que todos tengan acceso a la pensión, las prestaciones por maternidad, por hijos y por discapacidad, entre otros beneficios, para subsanar las carencias de los cientos de millones que están sin protección en todo el mundo.

Colocar el trabajo decente y la justicia social al centro de las decisiones políticas es simplemente un reconocimiento de la evidencia: ninguno de nosotros puede construir un futuro mejor para sí mismo sin incluir a los demás. Como prueba es suficiente leer los titulares de hoy para encontrar situaciones donde la negación de las bases de la justicia social constituye una amenaza para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Si en cualquier sociedad, un gran número de personas sienten “que están siendo dejadas atrás”, hay buenas probabilidades de que fuerzas perjudiciales socaven el crecimiento y desestabilicen la armonía social y política.

Por Guy Ryder, Director General de la OIT