Mercado laboral

Reparar la desigualdad

Para reducir la desigualdad, es fundamental instituir y reforzar las instituciones del mercado laboral porque las fuerzas del mercado no son suficientes.

Opinión | 24 de febrero de 2015
Por Janine Berg, economista principal de la Oficina Internacional del Trabajo

Janine Berg, economista principal de la OIT
Para resolver un problema, el primer paso consiste en admitir que existe. Por tanto, es positivo que la desigualdad se encuentre al centro de la atención y sea objeto de preocupación debido a sus potenciales consecuencias. Pero este es el momento de concentrarnos en revertir estas tendencias desestabilizadoras.

La nueva publicación Mercados laborales, instituciones y desigualdad, redactada por especialistas en políticas de la Oficina Internacional del Trabajo, sostiene que la reducción de la desigualdad precisa de una acción política concertada para fortalecer, y en algunos casos, instaurar instituciones del mercado laboral y de seguridad social en el mundo.

Estas instituciones son necesarias porque las sociedades equitativas con clases medias extensas no son el resultado natural de las fuerzas del mercado.

Para empezar, los países deben abandonar la idea errónea de que liberalizar el mercado laboral resolverá los problemas del desempleo y la desigualad de acceso al empleo.

Disminuir el costo del trabajo no conduce a la creación de empleo. En cambio, se necesitan políticas macroeconómicas, comerciales y de inversión que favorezcan la creación de puestos de trabajo, ya que disponer de un número suficientes de empleos es esencial para reducir la desigualdad.

El mercado refleja los prejuicios

El mercado laboral no valorará los empleos de una manera equitativa. En algunos casos, esto se debe al exceso de mano de obra (o exceso de oferta, en el lenguaje económico).

En otros casos, esto se debe a que el “mercado” es simplemente un reflejo de los prejuicios de las sociedades hacia ciertos oficios, o hacia las personas que ejercen esas profesiones. El trabajo doméstico es quizás el ejemplo más emblemático de estos prejuicios, pero existen muchos más.

Si queremos resultados más equitativos del mercado laboral, entonces necesitamos instituciones de apoyo, como el salario mínimo, la negociación colectiva y leyes que garanticen la igualdad de trato, sin importar el tipo de contrato de trabajo.

También son necesarias políticas públicas de apoyo, como los servicios públicos de atención y educación para la primera infancia que permiten a los padres entrar con mayor facilidad al mercado laboral al reducir el costo de acceso.

Todas estas medidas son especialmente importantes para los trabajadores de bajos ingresos, muchos de los cuales son “marginales” (con frecuencia incluyen a las mujeres, los migrantes y los jóvenes). Estos grupos se desempeñan mejor cuando los mercados laborales tienen instituciones de apoyo que pueden aumentar sus ingresos, limitar la incidencia de trabajo mal remunerado y reducir la desigualad.

Políticas sociales de apoyo

Los mercados laborales también están influenciados por las políticas sociales. Los programas de asistencia social pueden aliviar la desesperación de los trabajadores y la probabilidad de ser víctimas del trabajo forzoso o de otras formas de explotación.

Las prestaciones por desempleo pueden mejorar la adecuación al mercado laboral así como la capacidad de los trabajadores de negociar mejores salarios. Del mismo modo, los programas de garantía del empleo pueden mejorar el respeto del salario mínimo. Las prestaciones asociadas a un empleo, por otro lado, corren el riesgo de actuar como un subsidio a los salarios bajos, a menos que no sean complementadas con otras políticas como el salario mínimo.

Son necesarias políticas para apoyar esos períodos en que no deberíamos trabajar: cuando somos jóvenes y deberíamos estudiar, cuando no podemos trabajar debido a una enfermedad o incapacidad o cuando, después de décadas de trabajo, nos jubilamos.

Garantizar que los individuos y las familias puedan abstenerse de trabajar durante esos períodos precisa de políticas sociales de apoyo. Esto queda claramente demostrado por los datos, por ejemplo, muestran una relación negativa importante entre la cobertura y los niveles de las pensiones y la tasa de participación de las personas mayores en la fuerza de trabajo. Existe por lo tanto la necesidad de garantizar que los trabajadores tengan un ingreso suficiente cuando están fuera del mercado laboral, al combinar regímenes contributivos de pensiones con garantías mínimas para todos.

Muchos países en desarrollo recientemente han ampliado sus programas de asistencia social, una evolución positiva debido a su eficacia para reducir la pobreza. Pero debido al bajo nivel de las prestaciones, estas políticas deben ser complementadas con otras medidas de protección social que puedan proporcionar un apoyo adicional a los trabajadores y tener un mayor efecto redistributivo.

Algunas de las políticas expuestas requieren financiamiento, por tanto es necesario que los países cuenten con una base imponible suficiente para financiar la redistribución, o la voluntad política de incrementar las rentas públicas, si es necesario.

Enfoques ajustables

Estos enfoques políticos pueden ser adaptados al nivel de desarrollo y a la estructura económica de un país. En algunos países, es más importante otorgar prioridad a la oferta de servicios públicos y las transferencias sociales que permiten incrementar los ingresos más bajos y apoyar el acceso al mercado laboral.

En otros, los sistemas de protección social están bien establecidos pero se encuentran bajo presión debido a la situación cada vez más desigual del mercado laboral y que requiere de un fortalecimiento de la reglamentación del mercado laboral.

En su análisis del desarrollo de la desigualdad y de la economía, Simon Kuznets explicó que la relación de U invertida entre el crecimiento económico y la desigualad es el resultado de una creciente presión política por parte de los grupos de bajos ingresos.

Conforme la riqueza aumentó y la democracia se extendió, estos grupos ejercieron una presión política a favor de la redistribución. A pesar de haber sido malinterpretada como una “ley natural”, la reducción de la pobreza no fue un resultado natural a lo largo de la historia. Es el resultado de las presiones políticas, y de la voluntad y el compromiso para cambiar.

Queda por ver si realmente existe el compromiso para abordar y revertir la desigualdad. Lo que sí está claro, es que en ausencia de políticas que favorezcan un mercado laboral bien reglamentado y ofrezcan protección social, seguiremos lamentando estas tendencias a la desigualdad.