NUEVA YORK (OIT Noticias) – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) nombró al ex ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo, Embajador de buena voluntad en materia de protección social. El nombramiento forma parte de los esfuerzos de la OIT para hacer de la cobertura de la protección social una realidad para todas las personas del mundo y sigue a la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por los Estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre.

La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo el ODS 1 sobre la erradicación de la pobreza. La meta 1.3 exhorta a los Estados miembros a “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos”. La protección social también figura en el ODS 5 sobre la igualdad de género y en el ODS 10 sobre la reducción de las desigualdades.

“Las naciones del mundo se han expresado con fuerza y claridad”, declaró Ocampo. “La extensión de los sistemas de protección social es hoy día una las prioridades absolutas en materia de desarrollo y yo estoy dispuesto a hacer frente a este desafío al lado de la OIT”.

“Alrededor de 73 por ciento de la población mundial actualmente carece de acceso a una protección social adecuada, a pesar de que es reconocida como un derecho humano”, señaló Isabel Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT. “Estamos muy complacidos de que José Antonio Ocampo se una a nosotros en esta lucha”. Los pisos de protección social constituyen un conjunto de garantías básicas definidas a nivel nacional que garantizan que todos los individuos tengan acceso al menos a una atención esencial de la salud y a una seguridad básica del ingreso. La definición de los pisos nacionales de protección social fue acordada en 2012 por los Estados miembros de la OIT* y ratificado por las Naciones Unidas, el G20 y otros foros internacionales.

La protección social universal incluye pensiones para todas las personas de edad, prestaciones y apoyo para las personas en edad de trabajar en caso de maternidad, discapacidad, accidente del trabajo o desempleo, así como subsidios familiares. Esta protección puede ser suministrada a través del seguro social, prestaciones sociales financiadas por los impuestos, servicios de asistencia social, programas públicos de empleo y otros regímenes que garanticen la seguridad de un ingreso básico.

“Como ex ministro de finanzas, sé que uno de los principales obstáculos que hay que superar es la idea falsa de que la protección social constituye un costo para los gobiernos”, agregó Ocampo. “Por el contrario, la realidad es que la protección social es una inversión que produce beneficios tangibles y duraderos que incluyen el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo, la salida de la pobreza para muchos hogares; es además un instrumento esencial para favorecer el consumo y la demanda nacionales, todo lo cual sirve para relanzar el desarrollo económico a gran escala”.

En su nueva función de Embajador de buena voluntad para la protección social universal, Ocampo es uno de los principales oradores de la conferencia “El Estado del bienestar y la lucha contra las desigualdades”, junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz y la Directora General Adjunta de Políticas, Sandra Polaski. La conferencia tiene lugar el 8 y 9 de noviembre en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Columbia University.

Ocampo fue ministro de Finanzas de Colombia de 1996 a 1997 y Subsecretario general de la ONU para asuntos económicos y sociales de 2003 a 2007. Además es ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y actualmente enseña en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Columbia University. Antes de ser ministro de Finanza, fue ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y ministro de Planificación de Colombia.

* Adoptada por los Estados miembros de la OIT en 2012, la Recomendación relativa a los pisos nacionales de protección social (núm. 202) proporciona orientación a los Estados miembros para el desarrollo de sistemas de seguridad social integrales y la extensión de la cobertura de la seguridad social al dar prioridad al establecimiento de las garantías básicas de atención de salud esencial y seguridad básica del ingreso para todas las personas necesitadas.